Mignone, Emilio F. s/promueve acción de amparo

DERECHO AL VOTO

Personas detenidas sin condena

Mignone, Emilio F. s/promueve acción de amparo

 09/04/2002 – Corte Suprema de Justicia de la Nación

 

Antecedentes

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) promovió una acción de amparo a fin de que “se adopten las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de sufragio (art. 37 Constitución Nacional) de las personas detenidas sin condena en todos los establecimientos penitenciarios de la Nación en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos” y que, consecuentemente, se declare la inconstitucionalidad del art. 3° inc. d), del Código Electoral Nacional.
La jueza Federal de primera instancia rechazó la acción, tanto por considerar inadmisible la vía procesal intentada por el actor, como por entender, en cuanto al tema de fondo, que el hecho de encontrarse detenido hace que la manifestación de voluntad de la persona se encuentre afectada, ya que falta uno de los elementos fundamentales para que sea plena: la libertad.
Disconforme, la amparista interpuso recurso de apelación ante la Cámara Nacional Electoral y, antes de pronunciarse ésta, se presentó el Procurador Penitenciario, en carácter de “amicus curiae”, solicitando la revocación de la sentencia de grado y la admisión del amparo. La Cámara admitió la presentación de este funcionario, en el carácter invocado. El citado tribunal revocó la sentencia de la anterior instancia y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 3° inc. d) del Código Electoral Nacional. El CELS pidió que se aclare la sentencia, al considerar que el a quo no se había pronunciado sobre un aspecto reclamado en el amparo. Sostuvo que había solicitado que se adopten las medidas necesarias para garantizar el derecho al sufragio de las personas detenidas sin condena en todos los establecimientos carcelarios y que el fallo omitió expedirse sobre ese tema. A este respecto, el a quo desestimó el pedido, porque consideró que, al declarar la inconstitucionalidad solicitada, dejó sin efecto jurídico la norma que negaba el derecho a voto de los detenidos sin condena. Sin embargo, las “medidas necesarias” para que aquéllos puedan votar consisten en modificaciones legales del Código Electoral que no les compete adoptar a los jueces. Contra la sentencia, todas las partes dedujeron recursos extraordinarios. La Corte Suprema hizo lugar a la queja de la parte actora, declaró procedente el recurso extraordinario interpuesto y revocó la sentencia con el alcance que establece.

Principales normas involucradas

Artículo 3° inciso d) del Código Electoral Nacional


Estándares aplicables

La expresión “condena por juez competente en proceso penal” tipificada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como uno de los exclusivos supuestos que autoriza a reglamentar los derechos políticos reconocidos en el art. 25, no genera -en lo que respecta a los procesados- dificultades en cuanto a su alcance, por lo que es de aplicación la pauta de hermenéutica que establece que cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo no cabe sino su directa aplicación (voto de los jueces Nazareno, Moliné O’Connor y López en Alianza Frente para la Unidad s/oficialización listas de candidatos del 27/09/2001  al cual remiten)
La restricción impuesta a los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus facultades reglamentarias de los derechos políticos se armoniza con el estado de inocencia que ampara a toda persona a quien se le haya imputado la comisión de un delito, el cual es expresamente reconocido en el art. 8.2 de la Convención, así como en el art. XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el art. 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el art. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales conforman un bloque único de legalidad -con jerarquía constitucional- cuyo objeto y fin es la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos. (voto de los jueces Nazareno, Moliné O’Connor y López en Alianza Frente para la Unidad s/oficialización listas de candidatos del 27/09/2001  al cual remiten)
La declaración de inconstitucionalidad del artículo 3° inciso d) del Código Electoral Nacional -que excluye del padrón electoral a “los detenidos por orden de juez competente mientras no recuperen su libertad”- resulta incompatible con el rechazo parcial de la pretensión que, en definitiva, contiene la sentencia al sostener que “no se sigue de esto que podrán efectivamente emitir el voto en tanto los poderes competentes -el Legislativo y el Ejecutivo- no dicten la necesaria reglamentación que posibilite el sufragio de tal categoría de personas”. Reconocer un derecho pero negarle un remedio apropiado equivale a desconocerlo. En consecuencia, corresponde urgir al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a que adopten las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a votar de los detenidos no condenados y disponer que este derecho sea implementado por las autoridades competentes dentro del plazo de seis meses.
El adverbio de modo “exclusivamente”, utilizado por el art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denota que el elenco de casos en los cuales se permite la reglamentación por ley interna del ejercicio de los denominados derechos políticos, constituye un número cerrado y, por su propia naturaleza, de interpretación restrictiva, por lo cual toda ampliación que la ley nacional haga de dicho elenco resulta contraria al instrumento internacional. (voto de los jueces Fayt. y Petracchi)
Toda vez que la Convención Americana sobre Derechos Humanos solamente alude a los casos de “condena, por juez competente en proceso penal”, resulta prístino que la exclusión del padrón electoral referente a “…los detenidos por orden de juez competente mientras no recuperen su libertad…” -categoría que el Código Nacional Electoral distingue claramente de los “…condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena…” -art. 3° inc. e- no se ajusta a las directivas de dicho instrumento internacional, cuya superior jerarquía normativa deben los jueces declarar -art. 31, Constitución Nacional-. (voto de los jueces Fayt. y Petracchi)
Si el sufragio universal hace a la substancia del Estado constitucional contemporáneo; si la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva; si sólo algunos derechos son restringidos en virtud de la detención pero, otros subsisten inalterados a intramuros del presidio y si la privación de los derechos políticos no guarda relación ni con los fines de la detención ni con las necesidades de la organización del sistema carcelario, corresponde concluir que la limitación contenida en el art. 3° inc. d del Cód. Electoral Nacional que excluye del padrón electoral a “los detenidos por orden de juez competente mientras no recuperen su libertad”, es contraria a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales. (voto de los jueces Fayt. y Petracchi)
De acuerdo con el art. 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo se hallan privados de ejercer sus derechos políticos aquellas personas respecto de las cuales se puso fin a su situación procesal mediante una sentencia condenatoria y, por lo tanto, tal restricción no pesa sobre quienes se encuentran bajo proceso o prisión preventiva. En este sentido los términos “exclusivamente” y “condena” son categóricos y no exigen mayor esfuerzo interpretativo por lo que no cabe sino su directa aplicación. (voto del juez Boggiano en Frente para la Unidad s/oficialización listas de candidatos del 27/09/2001 al cual remite)
La incompatibilidad entre el artículo 3° inciso d) del Código Electoral Nacional -que descarta el ejercicio del sufragio a los detenidos por orden de juez competente mientras no recuperen su libertad- con el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es manifiesta, de modo tal que el mantenimiento de la norma de inferior jerarquía no resulta admisible en el caso con el sistema normativo diseñado por los arts. 31 y 43 de la Ley Fundamental y los tratados internacionales con rango constitucional. (voto del juez Bossert)

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