Caso Mémoli vs. Argentina (Libertad de expresión - Derecho de propiedad)

Jurisdicción: Regional

LIBERTAD DE EXPRESIÓN – PROPIEDAD PRIVADA -  PLAZO RAZONABLE DE DURACIÓN DEL PROCESO

CASO MÉMOLI VS. ARGENTINA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

SENTENCIA DE 22 DE AGOSTO DE 2013

Antecedentes

Los señores Carlos y Pablo Mémoli fueron condenados en 1994 por el delito de injurias, a un mes y cinco meses de prisión en suspenso, respectivamente, por expresiones que fueron consideradas deshonrosas o desacreditantes a la reputación de tres miembros de la Comisión Directiva de una Asociación de Socorros Mutuos. Tras diversos recursos, dicha sentencia quedó firme en 1997. El delito de injurias estaba tipificado en el entonces vigente artículo 110 del CP. En noviembre de 2009, dicha norma fue modificada. Los señores Mémoli intentaron que les fuera aplicada la nueva tipificación. La revisión fue rechazada porque la pena estaría agotada. En diciembre de 1997 los señores Mémoli fueron demandados civilmente, por los daños y perjuicios derivados de las referidas expresiones. Las medidas cautelares ordenadas estuvieron vigentes por más de diecisiete años.

Principales normas involucradas

Convención americana de Derechos Humanos: Artículos  8.1; 13 y 21

Estándares aplicables

Libertad de expresión – Derecho interno

El establecimiento de responsabilidades ulteriores a las presuntas víctimas por el ejercicio de su libertad de expresión estaba previsto en la ley, obedecía un objetivo permitido por la Convención y no resulta manifiestamente desmedido o desproporcional, dada las circunstancias del presente caso y el análisis realizado por las autoridades judiciales internas, razón por la cual Argentina no violó el artículo 13 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2, en perjuicio de aquéllas.

Derecho a la propiedad privada - Derecho a obtener sentencia en un plazo razonable

La duración prolongada del proceso, en principio de naturaleza sumaria, unida a la inhibición general de bienes por más diecisiete años, ha significado una afectación desproporcionada al derecho a la propiedad privada de las presuntas víctimas y ha llevado a que las medidas cautelares se conviertan en medidas punitivas.

La duración por más de quince años de un proceso civil de daños y perjuicios de naturaleza sumaria, fundamentado en una sentencia penal por un delito de injurias, aunado a la vigencia durante todo ese tiempo de una inhibición general de enajenar y gravar bienes, sobrepasa excesivamente el plazo que pudiera considerarse razonable para que el Estado resolviese un caso de esta naturaleza y afecta, de una manera desproporcionada, el derecho a la propiedad de los reclamantes (arts. 8.1 y 1.1 CADH).

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