LEY 6380 - "LEY YOLANDA"

LEY 6380 - "LEY YOLANDA"

Ley 6380

“LEY YOLANDA”
PROGRAMA DE FORMACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

La presente ley tiene por objeto establecer la capacitación y formación integral en materia ambiental y desarrollo sostenible para los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (art. 1)

 

Sanción: 03/12/2020

Promulgación: Decreto Nº 477/020 del 29/12/2020

Publicación: BOCBA N° 6026 del 30/12/2020

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 Comunidad Mapuche Catalán y Confederación Indígena Neuquina c/ Provincia del Neuquén s/ acción de inconstitucionalidad (Derecho a la participación)

 Comunidad Mapuche Catalán y Confederación Indígena Neuquina c/ Provincia del Neuquén s/ acción de inconstitucionalidad (Derecho a la participación)

COMUNIDADES INDÍGENAS – DERECHO A LA CONSULTA Y A LA PARTICIPACIÓN

 

 Comunidad Mapuche Catalán y Confederación Indígena Neuquina c/ Provincia del Neuquén s/ acción de inconstitucionalidad.

 

Corte Suprema de Justicia de la Nación – 8 de abril de 2021

 

Antecedentes

 

El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén rechazó la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comunidad Mapuche Catalán y la Confederación Indígena Neuquina con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la ley provincial 2.439 que creó el municipio de Villa Pehuenia y del decreto PEP 2/04 que convocó a elecciones para conformar la Comisión Municipal respectiva. El a quo expuso que la pretensión de las comunidades indígenas consiste en que se declare que la creación de ese municipio sobre territorios de las comunidades mapuches no resguardó el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, omitió reconocer su preexistencia étnica y cultural, y no aseguró su derecho a la participación, por lo que contradice el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Luego, señaló que esa discusión excede la vía procesal escogida, que sólo admite la impugnación de normas fundada en su contradicción con la Constitución provincial. Por ello, concluyó que el conocimiento del tribunal debe circunscribirse a determinar si la ley 2.439 y el decreto PEP 2/04 se adecúan a la Carta Magna local. Contra esa decisión, la Comunidad Mapuche Catalán y la Confederación Indígena Neuquina interpusieron recurso extraordinario federal, que fue concedido.

 

Principales normas involucradas

 

Ley 2.439 de la Provincia del Neuquén y decreto PEP 2/04; Constitución Nacional

(art. 75, incs. 17 y 22) arts. 6 y 7, Convenio 169 de la OIT; y art. 23, Convención Americana sobre Derechos Humanos) –Dictamen de la Procuración al que la Corte remite-

 

Estándares aplicables

 

El derecho a la consulta es, en el caso, una de las herramientas para que las comunidades indígenas gocen, de manera efectiva, del derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, que está previsto en la Constitución Nacional (arts. 1 y 37) y en los instrumentos internacionales (art. 25, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 21, Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 20, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; arto 23, Convención Americana sobre Derechos Humanos). –Dictamen de la Procuración al que la Corte remite-

La sola concesión de facultades a una autoridad municipal, sin cumplir con el deber de consultar a las comunidades indígenas, puede implicar un menoscabo de su derecho a la autodeterminación, así como a mantener y reforzar sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, y a decidir y controlar sus prioridades de desarrollo económico, social y cultural (arts. 7 y 8, Convenio 169 de la OIT, y arts. 3, 4 y5, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). –Dictamen de la Procuración al que la Corte remite-

La ley 2.439 incide directamente en los derechos e intereses colectivos de los indígenas que son tutelados específicamente por el Convenio 169 de la OIT, razón por la cual la creación del municipio de Villa Pehuenia demandaba oír a las comunidades a fin de tomar en cuenta sus intereses, opiniones y puntos de vista y, en definitiva, evitar que se menoscabe su identidad cultural. –Dictamen de la Procuración al que la Corte remite-

En el caso, el derecho a la participación se ve afectado no sólo por la falta de consulta previa a la sanción de la ley 2.439 sino también porque la regulación de la Municipalidad de Villa Pehuenia no prevé un mecanismo que asegure la participación permanente de las comunidades indígenas en el gobierno municipal, aun cuando se trata de una jurisdicción con gran presencia de comunidades mapuches. –Dictamen de la Procuración al que la Corte remite-

Corresponde Admitir la validez de la creación del Municipio de Villa Pehuenia –de tercera categoría- y de todos los actos jurídicos que celebraron sus autoridades y que generaron derechos y obligaciones de la más diversa índole, así como de los actos que continúen celebrando hasta tanto la provincia adecúe las normas impugnadas a la Constitución y a los instrumentos internacionales que garantizan los especiales derechos de participación de los pueblos indígenas.

Corresponde condenar a la Provincia del Neuquén a que, en un plazo razonable, y en forma conjunta con las comunidades indígenas, establezca una mesa de diálogo con la Comunidad Mapuche Catalán y la Confederación Indígena Neuquina, para que implementen la consulta que fuera omitida y diseñen mecanismos permanentes de comunicación y consulta para que los pueblos originarios puedan participar en la determinación de las políticas y decisiones municipales que los involucren y, adecuar, de este modo, la legislación en la materia a la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

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LEY 6407 - CÓDIGO PROCESAL DE LA JUSTICIA EN LAS RELACIONES DE CONSUMO EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

LEY 6407 - CÓDIGO PROCESAL DE LA JUSTICIA EN LAS RELACIONES DE CONSUMO EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Ley 6407

La presente ley aprueba el Código Procesal en las Relaciones de Consumo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo A la integra. A su vez, modifica diversos artículos de distintas leyes.

 

Sanción: 11 de marzo de 2021

Publicación: 19 de marzo de 2021

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Anexo A

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ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (Acuerdo de Escazú)

ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (Acuerdo de Escazú)

ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El Acuerdo fue celebrado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. La República argentina aprobó la adhesión a este instrumento el 24 de septiembre de 2020, mediante la ley 27.566, convirtiéndose así en el décimo país en adherir al acuerdo, que requiere la adhesión de 11 países para entrar en vigor. Con el depósito del instrumento de ratificación de los Estados Unidos Mexicanos, el 22 de enero de 2021, se alcanzó el número necesario a tal efecto. El acuerdo entra en vigencia 90 días después, el 22 de abril de 2021, que coincide con el Día Internacional de la Madre Tierra.

 

"El objetivo del presente Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en

América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental,

participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la

justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades

y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las

generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible..."

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  Escudero, Maximiliano Daniel s/ recurso de casación (Plazo razonable)

  Escudero, Maximiliano Daniel s/ recurso de casación (Plazo razonable)

GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO – PLAZO RAZONABLE DEL JUZGAMIENTO

  Escudero, Maximiliano Daniel s/ recurso de casación.

Corte Suprema de Justicia de la Nación – 23 de marzo de 2021

 

Antecedentes

 

En el caso, se  condenó al encausado, en primera instancia, a la pena de seis años de prisión por el robo doblemente calificado por el uso de arma y por cometerse en poblado y en banda, delito cometido en el año 1998. El tribunal de casación bonaerense casó la sentencia, en cuanto suprimió la agravante “en poblado y en banda”, pero mantuvo la pena impuesta. El recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires fue desestimado. Contra esta sentencia se interpuso recurso extraordinario federal, cuyo rechazo motivó la queja. La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso por haberse rechazado el planteo relativo a la reformatio in pejus, derivado de la decisión de la casación de suprimir la agravante pero mantener la pena impuesta. Vueltas las actuaciones al Superior Tribunal provincial, éste trató el agravio, pero lo rechazó, lo que dio lugar a un segundo recurso extraordinario federal. En primer lugar, la Corte consideró que debía expedirse sobre la cuestión federal que involucra la afectación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, ya que no obstante tratarse de un ilícito común sin mayores complejidades probatorias, su juzgamiento habría irrogado más de veintidós años.

 

Principales normas involucradas

 

Arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 

Estándares aplicables

 

La garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable no solo es un corolario del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional -derivado del “speedy trial” de la enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos de América-), sino que se encuentra también previsto expresamente en los Tratados Internacionales incorporados a la Constitución Nacional como parte del debido proceso legal y de la garantía de acceso a justicia (art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en función del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional).

 

A los fines de establecer la razonabilidad del plazo y los elementos que deben tomarse en cuenta para ello, la Corte IDH ha acudido y hecho suyas las pautas establecidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y así, ha señalado que la razonabilidad del plazo se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento -incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse-, hasta que se dicte sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción.

 

El juzgamiento de un delito de escasa complejidad que se ha extendido por más de veintidós años sin que se haya arribado a una sentencia que determine, en forma definitiva, la situación procesal del encausado, como así también que la inmensa mayoría de ese tiempo (veintiún años) correspondió al trámite -todavía inconcluso- de la impugnación contra la condena primigenia y los fallos posteriores de los tribunales intermedios que la confirmaron, a cuya morosidad ha contribuido de un modo decisivo la injustificada reiteración de “tiempos muertos” de los expedientes, resulta de aplicación -en lo pertinente-, la doctrina de la Corte en orden a la afectación a la garantía del plazo razonable durante la etapa recursiva.

 

Toda vez que se ha declarado la violación a ser juzgado en un plazo razonable, corresponde declarar extinguida por prescripción la acción penal en la causa y disponer el sobreseimiento del encausado, así como exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a fin de que, en su calidad de máxima autoridad del Poder Judicial de dicha provincia adopte, con carácter de urgente, medidas conducentes a hacer cesar la problemática descripta, con relación a la garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

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 Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia (Garantías de Jueces y Fiscales)

 Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia (Garantías de Jueces y Fiscales)

PODER JUDICIAL – FISCALES - GARANTÍAS

 Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Sentencia de 6 de Octubre De 2020

El caso se relaciona con la desvinculación de la señora Martínez Esquivia de su cargo como Fiscal Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Cartagena en provisionalidad. Se alega que esta desvinculación, la cual se hizo por medio de un acto administrativo no motivado, habría violentado la garantía de estabilidad que se le debe reconocer a las y los fiscales como operadores de justicia. Se alega, además, que el Estado habría violado el derecho a la protección judicial porque en ninguna de las vías intentadas por la presunta víctima habría contado con un recurso efectivo para impugnar la decisión que la cesó de su cargo. Finalmente, en el marco de los procesos intentados, se alega que el Estado habría violado la garantía del plazo razonable en relación con el recurso de apelación interpuesto por la víctima en el ámbito laboral, ya que éste fue resuelto casi cuatro años después de interpuesto.

 Principales normas involucradas

Convención Americana sobre Derechos Humanos: arts. 8.1, 23.1 y 25.1.

Estándares aplicables

Jueces. Garantías específicas

Los jueces cuentan con garantías específicas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, lo cual se ha entendido como “esencial para el ejercicio de la función judicial”. En tal sentido, uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia judicial.

El ejercicio autónomo del poder Judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, como en su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico.

El objetivo de la protección de la independencia del Poder Judicial radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular, se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de quienes ejercen funciones de revisión o apelación.

Garantías que amparan a los fiscales

Las garantías a un adecuado proceso de nombramiento, a la inamovilidad en el cargo y a ser protegidos contra presiones externas de las y los jueces también amparan la labor de las y los fiscales. De otro modo, se pondrían en riesgo la independencia y la objetividad que son exigibles en su función, como principios dirigidos a asegurar que las investigaciones efectuadas y las pretensiones formuladas ante los órganos jurisdiccionales se dirijan exclusivamente a la realización de la justicia en el caso concreto.

La falta de garantía de inamovilidad de las y los fiscales, al hacerlos vulnerables frente a represalias por las decisiones que asuman, conlleva violación a la independencia que garantiza el artículo 8.1 de la Convención.

Provisionalidad en el cargo

La provisionalidad de las y los fiscales no equivale a la libre remoción, por lo que no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una condición resolutoria, como el cumplimiento de un plazo predeterminado o la celebración y conclusión de un concurso público para proveer los reemplazos con carácter permanente. Los nombramientos provisionales deben constituir una situación de excepción y no la regla.

Principio de Legalidad

Con relación al principio de legalidad previsto en el artículo 9 de la Convención, también tiene vigencia en materia disciplinaria, no obstante, su alcance depende considerablemente de la materia regulada. La precisión de una norma sancionatoria de naturaleza disciplinaria puede ser diferente a la requerida por el principio de legalidad en materia penal, por la naturaleza de los conflictos que cada una está destinada a resolver.

El respeto y garantía del derecho del acceso al cargo en condiciones de igualdad se cumplen cuando los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución sean razonables y objetivos, y las personas no sean objeto de discriminación en el ejercicio de este derecho ya que la igualdad de oportunidades en el acceso y la estabilidad en el cargo garantizan la libertad frente a toda injerencia o presión política.

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CASO EMPLEADOS DE LA FÁBRICA DE FUEGOS EN SANTO ANTÔNIO DE JESUS Y SUS FAMILIARES VS. BRASIL

CASO EMPLEADOS DE LA FÁBRICA DE FUEGOS EN SANTO ANTÔNIO DE JESUS Y SUS FAMILIARES VS. BRASIL

 

 Caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo de Antonio de Jesus y sus familiares Vs. Brasil

Corte  Interamericana de Derechos Humanos

Sentencia de 15 de julio de 2020

Antecedentes

El caso se relaciona con la explosión de una fábrica de fuegos artificiales en Santo Antônio de Jesus, ocurrida el 11 de diciembre de 1998, en la que murieron 64 personas y seis sobrevivieron, entre ellos 22 niños y niñas. La Comisión determinó que el Estado violó diversos derechos, y que el Estado no había garantizado el acceso a la justicia, la determinación de la verdad de los hechos, la investigación y sanción de los responsables ni la reparación de las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos ocurridas.

Principales normas involucradas

Arts. 4.1, 5, 5.1, 8.2, 19, 24, 25 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos

Estándares aplicables

De las pruebas que obran en el expediente y de las obligaciones del Estado, la Corte encuentra que el Estado de Brasil falló en su deber de fiscalizar la fábrica de fuegos artificiales y permitió que los procesos necesarios para su fabricación ocurrieran al margen de los estándares mínimos exigidos en la legislación interna para este tipo de actividad. Lo que a su vez fue la causa de la explosión de la fábrica de fuegos y contribuyó a que se produjera la explosión, con lo cual dio lugar a la violación de los derechos a la vida de las 60 personas fallecidas como consecuencia directa de la explosión y del derecho a la integridad personal de las seis personas que sobrevivieron.

La falta de fiscalización del derecho a condiciones dignas, equitativas  y satisfactorias implica que el trabajador pueda realizar sus labores en condiciones adecuadas de seguridad, higiene y salud que prevengan accidentes de trabajo, lo cual resulta especialmente relevante cuando se trata de actividades que implican riesgos significativos para la vida e integridad de las personas.

Si bien Brasil cumplió con su deber de reglamentar la actividad desarrollada en la fábrica de fuegos, falló al ejercer el control y fiscalización de las condiciones laborales, como medida necesaria para la prevención de accidentes. Ello, pese a que las relaciones laborales exigen supervisión por parte del Estado, más aún cuando se trata del ejercicio de actividades peligrosas. De modo que, el Estado violó el derecho contenido en el artículo 26 de la Convención Americana.

El Estado incumplió el mandato contenido en el artículo 19 de la Convención Americana, en relación con el artículo 26 del mismo instrumento respecto de las niñas y niños fallecidos y sobrevivientes a la explosión de la fábrica de fuegos, al no adoptar las medidas de protección que su condición de niñas y niños imponía y permitir que niñas y niños, desde los once años de edad se encontraran trabajando al momento de la explosión.

La intersección de factores de discriminación, en el caso, incrementó las desventajas comparativas de las presuntas víctimas. De modo que éstas víctimas comparten factores específicos de discriminación que sufren las personas en situación de pobreza, las mujeres y las y los afrodescendientes, pero, además, padecen una forma específica de discriminación por cuenta de la confluencia de todos estos factores y, en algunos casos, por estar embarazadas, por ser niñas, o por ser niñas y estar embarazadas. Sobre este asunto es importante destaca que el estado de embarazo puede constituir una condición de particular vulnerabilidad y que, en algunos casos de victimización, puede existir una afectación diferenciada por cuenta del embarazo.

El hecho de que las presuntas víctimas pertenecieran a un grupo en especial situación de vulnerabilidad acentuaba los deberes de respeto y garantía a cargo del Estado. Sin embargo, conforme se desprende del acervo probatorio del caso, el Estado no adoptó medidas orientadas a garantizar el ejercicio del derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias sin discriminación, y la intersección de desventajas comparativas hizo que la experiencia de victimización en el caso fuese agravada.

Al permitir la instalación y funcionamiento de la fábrica de fuegos en una zona en la que una parte sustancial de la población es vulnerable, el Estado tenía una obligación reforzada de fiscalizar las condiciones de funcionamiento de las instalaciones y de garantizar que efectivamente se adoptaran medidas para la protección de la vida y la salud de las trabajadoras y para garantizar su derecho a la igualdad material. Por ello, al no haber fiscalizado las condiciones de higiene, salud y seguridad del trabajo en la fábrica, ni la actividad de fabricación de fuegos artificiales para, especialmente, evitar accidentes de trabajo, el Estado no solo dejó de garantizar el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo de las presuntas víctimas, sino también contribuyó a agravar las condiciones de discriminación estructural en que se encontraban.

Toda vez que a más de 21 años de ocurridos los hechos, ninguna persona ha sido efectivamente sancionada ni tampoco se ha reparado adecuadamente a las víctimas de la explosión ni a sus familiares, el Tribunal considera que no se garantizó una protección judicial efectiva a las trabajadoras de la fábrica de fuegos, toda vez que, aunque se les ha permitido hacer uso de recursos judiciales previstos legalmente, dichos recursos o bien no tuvieron una solución definitiva después de más de 18 años desde el inicio de su trámite, o contaron con una decisión favorable a las víctimas, que no pudo ser ejecutada por retrasos injustificados por parte del Estado.

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Caso Acosta Martínez y Otros Vs. Argentina

Caso Acosta Martínez y Otros Vs. Argentina

NO DISCRIMINACION - LIBERTAD PERSONAL

Caso Acosta Martínez y Otros Vs. Argentina

 Corte Interamericana de Derechos Humanos

Sentencia de 31 de agosto de 2020

 

Antecedentes

El presente caso se relaciona con la alegada privación de libertad ilegal, arbitraria y discriminatoria de José Delfín Acosta Martínez, afrodescendiente, de nacionalidad uruguaya, el 5 de abril de 1996, así como la alegada afectación a su integridad personal a manos de agentes de policía en una Comisaría que culminarían con su muerte ese mismo día. El  análisis del caso por parte de la Corte Interamericana se basó en el marco normativo aplicable y la ilegalidad de la detención y el análisis de la arbitrariedad de la detención y su relación con el principio de igualdad y no discriminación.

Principales normas involucradas

Artículos 7 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos

Estándares aplicables

En una sociedad democrática el poder punitivo estatal sólo se puede ejercer en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques que los dañen o pongan en peligro. La ebriedad -tal como aparecía tipificada por el Edicto aplicable al momento de los hechos[1]- por sí sola no afecta derechos de terceros, por lo que su sanción no busca proteger bienes jurídicos individuales o colectivos. A menos que el estar ebrio se considere en sí mismo punible, así ese comportamiento no trascienda de la órbita más íntima del sujeto, lo que resulta contrario a la Convención, por tratarse de una órbita sustraída al ejercicio del ius puniendi estatal, el cual tiene como límite infranqueable la libre determinación y la dignidad de la persona.

En el caso, los agentes policiales justificaron la detención del señor Acosta Martínez en su supuesto estado de ebriedad. De esta forma, al utilizar una normativa tan amplia como los Edictos contra la ebriedad, en realidad se encubrió la utilización de un perfil racial como motivo principal para su detención y, por consiguiente, se puso de manifiesto la arbitrariedad de su privación de libertad.  

Tomando en cuenta el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado y que el arresto y privación de libertad de la víctima fue realizado amparándose en una normativa que no cumple con los requisitos convencionales, cabe concluir que la amplitud de la normativa que regulaba las facultades policiales para detener personas por la comisión de contravenciones, permitió la aplicación de perfiles raciales y de detenciones basadas en prácticas discriminatorias, por lo que la detención fue, además, arbitraria y discriminatoria.

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[1] El edicto policial sancionaba con pena de multa y privación de libertad, encontrarse en completo estado de ebriedad en “las calles, plazas, cafés, cabarets, almacenes, tabernas u otros despachos de bebidas o parajes públicos”.

 

LEY 6322 - Plan de Acompañamiento a los/las Pacientes en Situación de Final de Vida Durante Emergencia Sanitaria

LEY 6322 - Plan de Acompañamiento a los/las Pacientes en Situación de Final de Vida Durante Emergencia Sanitaria

Ley 6322

La presente norma crea el Plan de Acompañamiento a los/las pacientes en situación de final de vida durante la emergencia sanitaria declarada en razón de la pandemia declarada por la enfermedad COVID 19, con el objetivo de que los/las mismos/as sean acompañados/as, de manera virtual o presencial, de acuerdo a las circunstancias, por una persona de su entorno afectivo

 

Sanción: 27/08/2020

Promulgación: Decreto Nº 319/020 del 07/09/2020

Publicación: BOCBA N° 5951 del 08/09/2020

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Caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina

Caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina

LIBERTAD AMBULATORIA - REQUISAS PERSONALES - PRIVACIDAD - NO DISCRIMINACION

Caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Sentencia de 1 de septiembre de 2020

 

Antecedentes

El caso se relaciona con las detenciones de los señores Fernández Prieto y Tumbeiro en enero de 1998 por agentes de la Policía Federal Argentina, en cuanto habrían sido ilegales y arbitrarias. En este sentido, la Comisión consideró que ambas detenciones se realizaron sin una orden judicial y sin estado de flagrancia e indicó que en ninguno de los casos se estableció de manera detallada, cuáles fueron los elementos objetivos que dieron lugar a un grado de sospecha razonable en la comisión de un delito. Asimismo, en el caso del señor Tumbeiro, indicó que la explicación relacionada con el “estado de nerviosismo” e “inconsistencia” entre su vestimenta y la zona en la cual se encontraba, puede revelar cierto contenido discriminatorio con base en la apariencia y los prejuicios sobre dicha apariencia en relación con la zona respectiva. Además, la Comisión destacó que las autoridades judiciales no ofrecieron recursos efectivos frente a esta situación, pues no sólo continuaron con la omisión estatal de exigir razones objetivas para el ejercicio de la facultad legal de detener a personas con base en sospecha, sino que validaron como legítimas las razones dadas por los agentes de la policía. El Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional respecto de la violación a los artículos 7, 8, 11 y 25 de la Convención en perjuicio de los señores Fernández Prieto y Tumbeiro. Asimismo, aceptó su responsabilidad internacional respecto del señor Tumbeiro por la violación a los artículos 1.1 y 24 de la Convención.

Principales normas involucradas

Arts. 7, 8, 11, 25 y 24 de la Convención americana sobre Derechos Humanos

Estándares aplicables

El reconocimiento total de responsabilidad internacional constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención, así como a las necesidades de reparación de las víctimas. El reconocimiento efectuado por el Estado produce plenos efectos jurídicos de acuerdo a los artículos 62 y 64 del Reglamento de la Corte tiene un alto valor simbólico en aras de que no se repitan hechos similares.

La restricción del derecho a la libertad personal únicamente es viable cuando se produce por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas (aspecto material), y además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en las mismas (aspecto formal). Esto así, en mérito de que es la propia Convención la que remite al derecho interno del Estado en cuestión, motivo por el que tal remisión no supone que la Corte deje de fallar de acuerdo a la Convención, sino precisamente que debe hacerlo conforme a ella y no según el referido derecho interno. La Corte no realiza, en tal eventualidad, un control de constitucionalidad ni tampoco de legalidad, sino únicamente de convencionalidad.

Los estereotipos consisten en preconcepciones de los atributos, conductas, papeles o características poseídas por personas que pertenecen a un grupo identificado. El empleo de razonamientos estereotipados por parte de las fuerzas de seguridad puede dar lugar a actuaciones discriminatorias y, por consiguiente, arbitrarias.

El hecho de que la detención no obedeciera a criterios objetivos, sino a la aplicación por parte de los agentes policiales de estereotipos sobre la apariencia de la persona en cuestión y su presunta falta de correlación con el entorno por el que transitaba, hacen de la intervención policial una actuación discriminatoria y, por ende, arbitraria que resulta violatoria de los artículos 7.3 y 24 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

El artículo 7.2 de la Convención exige no solo la existencia de regulaciones que establezcan las “causas” y “condiciones” que autoricen la privación de la libertad física, sino que es necesario que esta sea lo suficientemente clara y detallada, de forma que se ajuste al principio de legalidad y tipicidad.

En aquellas disposiciones en que exista una condición habilitante que permita una detención sin orden judicial o en flagrancia, además de que ésta cumpla con los requisitos de finalidad legítima, idoneidad y proporcionalidad, debe contemplar la existencia de elementos objetivos, de forma que no sea la mera intuición policíaca ni criterios subjetivos, que no pueden ser verificados, los que motiven una detención.

Las pertenencias que una persona lleva consigo en la vía pública, incluso cuando la persona se encuentra dentro de un automóvil, son bienes que, al igual que aquellos que se encuentran dentro de su domicilio, están incluidos dentro del ámbito de protección del derecho a la vida privada y la intimidad. Por esta razón, no pueden ser objeto de interferencias arbitrarias por parte de terceros o las autoridades.

Las requisas corporales solo pueden ser efectuadas previa orden judicial debidamente motivada. Sin perjuicio de ello, si bien pueden existir situaciones excepcionales en las que la prevención del delito como un fin legítimo cuya consecución es atribuida a los cuerpos de seguridad estatales, y ante la imposibilidad de procurar una orden judicial previa, pueda justificar la práctica de una requisa, ésta en ningún caso puede resultar desproporcionada y tampoco puede superar el palpamiento superficial de las ropas de una persona, implicar su desnudez o atentar contra su integridad.

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