El acceso a la justicia debe tener como proioridad las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, desde la exigencia de que los sistemas judiciales sean reales instrumentos de defensa de los derechos de las personas, sobre todo de las más vulnerables.

La presencia territorial a través de programas de patrocinio gratuito que asistan a una comunidad específica en el acceso a justicia constituye una estrategia concreta para superar los obstáculos que los grupos vulnerados encuentran a la hora de acudir a pedir por sus derechos.

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El derecho internacional ha asumido la gravedad de este problema y ha consagrado el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y lo ha establecido como un desafío prioritario por la comunidad internacional y también por nuestro marco normativo interno.

Entre los factores asociados a un mayor riesgo de ser víctima de violencia de género figuran un bajo nivel de instrucción, el hecho de haber estado expuestas a escenas de violencia entre los progenitores, el maltrato durante la infancia, actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de género

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